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¿Una segunda transicion?
La crisis española, caracterizada por una elevada corrupción,
economía sumergida, ineficiencia del sector público y
desequilibrios territoriales, debe combatirse con cambios
legislativos y constitucionales pactados

Estos son algunos de los serios
problemas institucionales,
económicos y políticos que están
aflorando en España. Primero, el
sector público es hoy demasiado
grande para poder ser financiado
con los ingresos fiscales
procedentes de sus ciudadanos y
empresas. Hay que luchar contra
la evasión fiscal, al estar el IRPF
excesivamente concentrado en los
asalariados, pensionistas y
autónomos y al ser la evasión del
IVA todavía muy elevada.
En 2008, antes de la recesión,
18,65 millones de personas
declararon por IRPF, pero solo
8.590 (el 0,046%) declararon

Son los impuestos
propios los que
justifican una
representación
política y no al
revés
ingresos superiores a 600.000 euros; 87.300 (el 0,47%)
entre 150.000 y 600.000 euros y 677.000 (el 3,63%) entre
60.000 y 150.000 euros. Es decir, el 95,85% declaró rentas
inferiores a 60.000 euros y solo el 4,15% declaró rentas
superiores a 60.000 euros. En 2010, los declarantes de más
de 600.000 euros cayeron a 5.189 y los de entre 150.000 y
600.000 euros a 67.744.
En 2012, la Comisión Europea ha estimado que la
economía sumergida en España alcanzaba el 19,2% del
PIB y otras estimaciones llegan el 25% del PIB. Esta
contiene actividades productivas que evaden impuestos
directos e indirectos, Seguridad Social, salarios mínimos,
etcétera, contribuyendo a que nuestros ingresos por IVA
sean el 5,4% del PIB frente al 7% de media de la UE.
A la sumergida hay que añadirle la ilícita, compuesta por
actividades delictivas (terrorismo, contrabando de mujeres,
niños, especies, órganos, drogas y armas, blanqueo de
dinero, prostitución, consumo de drogas) financiadas con
billetes en euros y dólares de alta denominación, cuyos
propietarios no pueden ser detectados por ser al portador.
Lamentablemente, en 2007, circulaban en España el 36%
de todos los billetes de 500 y 200 euros de la Eurozona,
cuando nuestro peso porcentual de su PIB total era del
11,9%.
Segundo, a esta corrupción
privada hay que añadir la política o
pública, que afecta a aquellos
políticos, gobernantes y
administradores públicos que
abusan de su poder vendiendo
bienes públicos por debajo de su
valor o dando concesiones
administrativas por encima de su
valor, para obtener una ganancia privada o partidista.

El índice de percepción de la corrupción de Transparencia
Internacional (2012) clasifica a España en el puesto 30
detrás de Chipre y de Botsuana y por delante de Portugal,
cuando la gran mayoría de los países de la Eurozona están
entre los 22 primeros, salvo Italia (72).
Corrupción privada y pública atañen a la inspección fiscal,
Policía, Guardia Civil y también a la justicia, que siendo
mayoritariamente eficiente, es excesivamente lenta,
haciendo que muchos delitos prescriban antes de llegar a la
Audiencia o al Supremo, incentivando a muchos
delincuentes extranjeros a residir en España.
Tercero, el sector público es grande y menos eficiente que
en otros países europeos al solaparse en cuatro niveles
distintos de Administraciones públicas y necesita cuanto
antes una profunda reorganización de sus niveles y
competencias.
En 2010, el 40% de nuestros 47 millones de habitantes
residía en 33 municipios de más de 100.000 habitantes,
ocupando solo el 1% del territorio nacional. El 52% vivía en
83 municipios de más de 50.000 habitantes y el 68% en 252
municipios de más de 20.000 habitantes, pero existen 8.114
ayuntamientos. Siendo 168 ayuntamientos los que hacen
frente a la mayoría de las demandas económicas y sociales
de los ciudadanos, son las comunidades autónomas las que
concentran el mayor poder de gasto, y la Administración
central quien concentra el mayor poder de ingreso.
También en 2010, el mayor gasto del Estado lo hacían las
autonomías (35% del total y 16% del PIB), seguidas de la
Seguridad Social (32% del total y 14% del PIB), de la
Administración central (20% del total y 9% del PIB) y de los
ayuntamientos (13% del total y 6% del PIB). El mayor
ingreso lo recaudaba la Administración central (37% del
total y 13% del PIB), seguida de la Seguridad Social (33%

Patronales y
sindicatos son en
parte responsables
de los
desmesurados
niveles de paro
del total y 12% del PIB), las autonomías (19% del total y 7%
del PIB) y los ayuntamientos (11% del total y 4% del PIB).
Esta asignación territorial de
ingresos y gastos debe
modificarse para que los servicios
de las Administraciones públicas
estén más cerca de las demandas
de los ciudadanos y para que cada
Administración, especialmente las
autonómicas, intente mejorar sus
propios ingresos fiscales
recaudándolos de sus propios ciudadanos, en lugar de vivir
solamente de las transferencias de la Administración
central, sin recaudar incluso impuestos cedidos. Son los
impuestos los que justifican una representación política y no
al revés.
El número de empresas públicas, especialmente
autonómicas y municipales, es desproporcionado y
mayoritariamente en pérdidas, siendo algunas más un
sistema de generación de nóminas y dietas, de colocación
de políticos y de captura de rentas que un medio eficaz de
enfrentar necesidades económicas. Han proliferado las
televisiones autonómicas, financieramente insostenibles,
perdiendo 1.600 millones en 2011.
Cuarto, en los partidos políticos ha comenzado a primar el
interés partidista sobre el general. No han invertido recursos
suficientes para mejorar la excelencia en aquellos factores
de producción intangibles (educación, formación,
investigación, desarrollo, innovación y tecnología) que
generan ya la mayoría del crecimiento de las economías
avanzadas. Muchos Gobiernos autónomos y locales han
primado la inversión en bienes tangibles, como suelo,
construcción y vivienda, porque, entre otras razones,

podían llegar a generar una apropiación de rentas al ser
contratadas o conceder sus permisos.
Durante más de dos siglos, las cajas de ahorro han sido
fundamentales para financiar el desarrollo local, provincial y
regional español, mientras sus obras sociales aportaban
servicios públicos necesarios. La Ley de Órganos Rectores
de las Cajas de 1985 intentó “democratizar” sus órganos de
gobierno, obligando a que en sus asambleas estuviesen
presentes representantes de corporaciones municipales y
provinciales, impositores, empleados y la corporación
fundadora. Finalmente, la mayoría de miembros de sus
asambleas, consejos y obras sociales han terminado siendo
políticos y representantes sindicales.
El resultado final es que de 46 cajas existentes en 2009,
hoy solo quedan 11 bancos de cajas, 3 de ellos
nacionalizados agrupando 12 cajas, y 2 cajas pequeñas.
Excluyendo aquellas Cajas cuyos directores rechazaron
determinados deseos de sus presidentes y consejos
(logrando mantenerse en sus puestos) muchas han
terminado quebrando, siendo fusionadas o compradas.
Durante la burbuja, las cajas aumentaron un 25% sus
sucursales y un 27% su personal, mientras los bancos los
reducían en un 5%.
Quinto, en los interlocutores sociales, patronales y
sindicatos, parte fundamental de la sociedad civil, también
prima su interés corporativo. Han sido, en buena parte,
responsables de nuestros desmesurados niveles de paro, al
no ponerse de acuerdo, oponerse o impedir varias reformas
laborales. España es líder de la UE con 6.000 convenios
colectivos, mayoritariamente provinciales que, hasta la
reciente reforma laboral, han provocado cierres masivos de
pymes en cada recesión.
En lugar de organizarse a nivel sectorial y nacional, como
en la mayoría de la UE, lo están también a nivel regional y

provincial e incluso local, creando organizaciones
excesivamente grandes y costosas para su actividad real.
Además, cada uno recibe cientos de millones de euros
anuales de subvenciones procedentes de la cuota de
Formación Profesional y del Fondo Social Europeo, para
facilitar la formación profesional continua.
A pesar de recibir elevadas subvenciones públicas, los
sindicatos no publican todavía cuentas auditadas por
auditores independientes y la CEOE por vez primera ha
publicado este año las de 2011. En 2001, una inspección
del FORCEM por el Fondo Social Europeo mostró que una
parte de sus subvenciones no había sido invertida en
formación profesional continua, exigiendo su devolución.
Para cambiar cuanto antes el rumbo de estas graves y
nocivas tendencias, la débil sociedad civil española debe
reorganizarse y los dos grandes partidos políticos deben
promover, conjuntamente, cambios legislativos y
constitucionales.
Guillermo de la Dehesa es presidente del Centre for Economic Policy Research (CEPR)